*La Audiencia Provincial de Castelló ha desestimado el recurso que se presentó contra el archivo provisional de la querella por presunta prevaricación que presentó una vecina contra el alcalde por dar una licencia de obras.
La Audiencia Provincial de Castelló ha ratificado el archivo provisional de la querella que presentó una vecina contra el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo y el arquitecto municipal por una presunta obra ilegal en la Partida Agustina. La Audiencia Provincial ratifica así la decisión que tomó en noviembre de 2008 el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe de sobreseer provisionalmente la querella al desestimar el recurso de apelación que había presentado la vecina, Purificación Montserrat.
La Audiencia Provincial de Castelló ha ratificado el archivo provisional de la querella que presentó una vecina contra el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo y el arquitecto municipal por una presunta obra ilegal en la Partida Agustina. La Audiencia Provincial ratifica así la decisión que tomó en noviembre de 2008 el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe de sobreseer provisionalmente la querella al desestimar el recurso de apelación que había presentado la vecina, Purificación Montserrat.
La base de la denuncia presentada por la vecina es la licencia de obras que se concedió a una construcción en la partida de Agustina en Segorbe colindante con la suya, presuntamente ilegal. La vecina acusaba al alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, al arquitecto municipal, José Romero y a los miembros de la comisión de gobierno de 1997 de haber cometido una presunta prevaricación por conceder el 21 de noviembre de 1995, una licencia de obra para construir una caseta de aperos de labranza sin respetar la distancia mínima de tres metros prevista en la ley respecto a la finca colindante.
En la sentencia de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso Levante de Castelló se especifica que el recurso de la vecina no puede aceptarse ya que el delito, de existir "estaría prescrito". Aún así en el auto el tribunal provincial asegura que existen "fundadas dudas de que la comisión de gobierno tuviera conciencia de la legalidad o la arbitrariedad de su decisión, porque previamente a la concesión de licencia, cuando en su día se decretó que las obras no se adecuaban a la en su momento concedida, existieron informes del aparejador municipal proponiendo la apertura de expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística".
"El hecho que se pretende ilícito se adoptó en unas circunstancias que no permiten afirmar con la certeza necesaria que dicha ilegalidad era sabida", se asegura.
No obstante, en un documento firmado por Calvo el 4 de enero de 2007, al que ha tenido acceso este rotativo, se apunta que las obras realizadas y amparadas en la licencia de obras concedida en 1995 "no se ajustan a la misma al no haber respetado la distancia de 3 metros lineales a terceros. No obstante, dado el tiempo transcurrido este ayuntamiento no va a adoptar nuevas medidas de restauración de la legalidad urbanística al encontrarse las actuaciones prescritas".
Desde el PP han lamentado, una vez más, "el uso partidista e infundado que con motivo de esta querella realizó el concejal republicano, quien se atrevió a realizar un juicio paralelo, sentenciándonos como culpables de un delito de prevaricación". "Nuevamente podemos demostrar nuestra inocencia y buen hacer", añadieron.
Fuente: Levante de Castellón
Fuente: Levante de Castellón
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