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sábado, 2 de mayo de 2009

Pedirán la nulidad del archivo de la querella urbanística contra Calvo

*El abogado de la vecina dice que se ha producido indefensión

La vecina que se querelló contra el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo y el arquitecto municipal acusándoles de prevaricación por otorgar una licencia a una obra presuntamente ilegal en la partida Agustina seguirá adelante con el procedimiento judicial después de que la Audiencia Provincial haya desestimado su último recurso y haya ratificado el archivo provisional de la querella que dictó en su día el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe.

Así lo anunció ayer su letrado, Álvaro Sendra, que avanzó que se solicitará la nulidad del acuerdo del tribunal, que basó su decisión de desestimar el recurso en que el delito denunciado había prescrito.

El abogado explicó que iba a presentar el oportuno "incidente judicial de nulidad de actuaciones, al haberse dictado la resolución recaída produciéndose patente indefensión" y aseguró que ni se les había informado ni se les había permitido alegar al respecto de la prescripción del delito que habían denunciado, "circunstancia que ha venido a admitir la sala en la resolución recaída sin conocer, siquiera, las alegaciones de esta parte en relación a tal eventual prescripción".

Sendra asegura que no se ha tomado declaración a los miembros de la comisión de gobierno de Segorbe de aquella legislatura, Ángel Berga y Manuel Martín, "que votaron a favor del acto administrativo dictado de forma fraudulenta e ilícita, circunstancia que, entendemos debe de quedar subsanada, por cuanto de otra forma no es posible determinar la ausencia de intencionalidad en la adopción de la resolución que nos ocupa".

El mismo letrado asegura que la Audiencia Provincial "reconoce, de forma indubitada, que la licencia concedida es ilegal, si bien, confirma el archivo al entender que no existe intencionalidad en tal concesión de licencia ilegal, pese a que la misma ha venido a concederse sin informe alguno que la autorice".

Así pues, para el letrado, el que haya "quedado acreditado que la licencia se dio de forma irregular" y unido "al discriminatorio trato otorgado a una ciudadana durante más de diez años, no creemos sea motivo de alegría y satisfacción para los responsables municipales".

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