El Ayuntamiento de Segorbe ordenó ayer la paralización inmediata de las obras de construcción de una edificación ilegal en el parque natural de la Sierra Calderona. La edificación se encuentra ubicada en la partida de Arguinas, en la que existen numerosos chalés sin licencia y donde el Consistorio ya había ordenado diversas paralizaciones de obra.
La construcción, que también ha sido puesto en conocimiento del Juzgado, según el concejal de Fomento, Ángel Berga, “no se puede permitir bajo ningún concepto porque además de ser ilegal, se estaba haciendo con tres personas de origen boliviano sin ningún tipo de contrato de trabajo”.
Asimismo, la paralizada edificación también carecía de cualquier tipo de proyecto técnico y dirección de obra, por lo que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta el derribo mismo, porque no podemos olvidar que hace un año poco más o menos una construcción similar acabo en tragedia”, explicó Berga.
La aludida tragedia fue la muerte de un hombre de 48 años como consecuencia de un accidente sufrido por éste cuando trabajaba en otra construcción ilegal, después de ignorar la orden de paralización emitida pocos días antes por el Ayuntamiento del municipio.
En esta ocasión, la obra paralizada se sitúa en el polígono 27 de la parcela 111 de la partida de Arguinas, donde Felipa Marín Alba, vecina de Valencia, pretendía edificar un chalé de 105 metros cuadrados de planta.
La edificación fue descubierta por un agente de la Policía Rural en una de sus rondas diarias, en las que los agentes descubren numerosas irregularidades urbanísticas que “a todas luces hay que cortar. Vamos a ser muy duros y muy inflexibles en este tema. No podemos dejar que se construya en suelo rústico regulado por la propia ley del suelo y el plan de ordenación de recursos naturales de la Sierra Calderona”, afirmó el concejal de Fomento.
La falta de concienciación social e incumplimiento de la ley del suelo se ha convertido en un importante problema para el Ayuntamiento de Segorbe, que en poco más de tres años ha abierto más de 300 expedientes de infracción urbanística.
La mayoría de las edificaciones, pertenecen a vecinos procedentes del área metropolitana de Valencia y no pueden ser legalizadas por no cumplir los requisitos marcados por la ley del suelo, que establece que una parcela debe de tener al menos 10.000 m² de extensión para que su propietario pueda construir en ella una caseta cuyas dimensiones no sobrepasenel 2% del terreno. Además, también se pide una justificación de las rentas agrarias.
Fuente: "Las Provincias"
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