Las desavenencias entre el único concejal republicano, Nicolás Hervás, y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segorbe han llegado a su máximo nivel con la sentencia dictaminada por el Juzgado de Instrucción de Segorbe que condena al edil a pagar 3.000 euros al alcalde y el teniente de alcalde, Rafael Calvo y Angel Berga respectivamente.
El fallo judicial, contra el que cabe la posibilidad de recurso de apelación, da respuesta a la demanda presentada contra Nicolás Hervás durante el pasado mes de octubre por Calvo y Berga tras haber sido acusados de "corruptos y prevaricadores".
Dicho fallo señala que Hervás cometió "una intromisión ilegítima en el derecho al honor de señor Calvo y el señor Berga lesionando tal derecho con la publicación que realizó en la pagina 5 del periódico Escavía Información, publicado en agosto de 2007".
Además, el fallo condena al republicano a pagar las costas del juicio, publicar la sentencia condenatoria en el citado periódico, además de abonar la cantidad de 1.500 euros a Calvo y otros tantos a Berga en concepto de indemnización por los daños y perjuicios provocados a estos por el texto publicado.
En dicho artículo, Hervás acusó respectivamente a Calvo y Berga de ser "un alcalde-permuta" y "mozo de campo y plaza", por cometer en la urbanización del PAI del sector 1 "numerosas pillerías urbanísticas", realizar "una dudosa adjudicación a la mercantil Hermanos Ventura", autorizar "una retasación de cargas poco justificada", mantener "supuestas promiscuas relaciones con determinado sector del ladrillo" y establecer comparaciones entre el caso de corrupción urbanística acaecido en Alahurín y el de Segorbe, entre otras.
Hervás manifestó a LAS PROVINCIAS de Castellón haber recurrido el fallo ante la Audiencia Provincial, por considerar "sumamente extraño que el Ministerio Fiscal solicitara una sentencia absolutoria, ya que normalmente el criterio del juez y el del fiscal coinciden siempre".
El edil republicano declaró en el juzgado que "mediante el citado artículo pretendía informar a la ciudadanía de Segorbe, ya que disponía de información facilitada por los arquitectos, de la que se deducía la posibilidad de que se produjera una nueva modificación del número de viviendas proyectada en el PAI".
Por su parte, en representación de Calvo y Berga la portavoz del PP de Segorbe, Soledad Santamaría, mostró ayer su satisfacción por la sentencia del juzgado, a la vez que adelantó que "en caso de que el fallo sea recurrido y la Audiencia haga firme la sentencia de condena al pago de los 3.000 euros serán destinados a una inversión de obra social de la que ya se dará cuenta".
Por otro lado, Santamaría recordó que el partido republicano ya fue condenado por el Juzgado de Segorbe en el año 2007 a retirar de los kioscos un boletín del partido de distribución gratuita.
"La libertad de expresión, en un estado de derecho, te permite opinar como consideres más conveniente, pero el aguante y la paciencia tienen un límite. Llevamos años soportando las veladas y no veladas acusaciones personales y familiares", aseguraron desde el PP.
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