El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, interrumpió el pleno celebrado el pasado miércoles para acusar a los portavoces de la oposición de haber facilitado documentación interna de los expedientes que se les facilitan antes de los plenos para la toma de decisiones a personas ajenas al consistorio, en concreto a los afectados por la unidad de ejecución UE-25 en Peñalba. El alcalde segorbino preguntó a los portavoces republicano y socialista si habían incumplido el artículo 16.3 de la ley reguladora de bases de régimen local y habían facilitado documentación a estos vecinos justo antes de comenzar el turno de ruegos y preguntas.
Calvo informó en el pleno que el consistorio se encuentra, a raíz de la posesión por parte de los vecinos de esta documentación, en un proceso judicial para determinar la posible comisión de un delito de falsedad en documento público.
El portavoz republicano, Nicolás Hervás, contestó con un "no" rotundo y con una pregunta para el munícipe: "¿se ha tergiversado algún documento?". Por su parte, el portavoz socialista, Tomás Polo no quiso contestar alegando que no tenía "por qué hacerlo". Asimismo, añadió que esta pregunta deberían contestarla "todos los concejales" y añadió que "lo realmente grave no es si nosotros hemos entregado documentación sino si el documento ha sido realmente alterado o no".
Los denunciantes han solicitado dos veces, la última a mediados de enero, la paralización de las obras en la UE-25 de Peñalba. Los vecinos solicitaban medidas cautelares para paralizar las obras de la unidad 25 de Segorbe, en Peñalba, recurriendo la adjudicación de la obra y por supuesta falsedad documental en el expediente del consistorio certificado por el secretario, según ahondó Calvo.
El alcalde ha señalado que se dirigió al pleno a ambos portavoces de la oposición porque en la denuncia "se cita como testigos llamados a declarar a Tomás Polo y a Nicolás Hervás, por lo que como defensor de los derechos de los ciudadanos y ante la utilización de estos documentos para ir en contra del ayuntamiento me veo en la obligación de preguntar si los han facilitado, cosa que está prohibida por ley".
Según Calvo, esta acusación de falsedad viene dada por los documentos que los afectados han presentado en el juzgado en base a los dictámenes facilitados por el consistorio a los portavoces de la oposición, previos a la toma de acuerdo, el 21 de diciembre de 2007 para la ejecución del siguiente pleno "y que no son públicos hasta que no se toma el acuerdo, por lo que la documentación únicamente se la puede facilitar uno de los dos portavoces".
Según el alcalde popular los denunciantes "ha tenido acceso a los dictámenes que se entregan previo al pleno a los concejales pero los dictámenes no son firmes. El que tiene valor es el del pleno, que acaba variando de éstos, por ello ahora piensan que se ha falseado la documentación". Por otra parte, Calvo ha asegurado que "es imposible" que los afectados hayan accedido al expediente solicitándolo en el mismo ayuntamiento porque "únicamente podrían haber accedido al expediente público a posteriori de haberse redactado por el secretario tras el pleno, por lo que hubiera coincidido con el real".
Fuente: "Levante de Castellón"
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