Tal y como ha explicado el concejal republicano, Nicolás Hervás, el pasado mes de agosto fue aprobada inicialmente esta ordenanza y, a partir de ahí, se iniciaba un proceso administrativo "largo, que debía pasar por someter la ordenanza a un periodo de información pública de treinta días antes de pasar por pleno para su aprobación definitiva y resolución de alegaciones, para, por último, publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia".
Por tanto, ha continuado Hervás, "es obvio que la ordenanza no ha entrado en vigor, pues aunque ha sido aprobada definitivamente en el pleno del día uno de octubre, le falta el último tramite; condición sine qua non para que entre en vigor según el artículo 10 de la propia ordenanza".
Además de esta irregularidad, ha comentado el edil republicano "entendemos que la ordenanza ha entrado en una competencia que no tiene, pues ha regulado los precios de los asientos de los entablados y no se puede establecer un precio público en el sector privado". Así pues, desde el ARDE aseguran que son nulos todos los actos administrativos realizados al amparo de esta ordenanza y se aventuró que "probablemente el ayuntamiento tendrá que devolver los ingresos cobrados a los ciudadanos".
Fuente: "Levante de Castellón"
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