El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado el recurso interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de la UGT contra el acuerdo del ayuntamiento de Segorbe de 31 de enero de 2006 por el que se aprobó la plantilla presupuestaria con relación de puestos de trabajo del personal municipal. El TSJ asegura que el acuerdo es "contrario a derecho" y anula el acuerdo con "los correspondientes efectos inherentes".
La sentencia expone que los incrementos retributivos aprobados "exceden del límite máximo impuesto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006" que sitúan en un 2% el incremento global. Así pues, en este aspecto se ven afectados diez puestos de trabajo como el gabinete de prensa, el técnico de administración especial, el operario del cementerio, el coordinador de deportes, un peón tractorista y el arqueólogo.
Limites legales
En la sentencia se desprende que hay una "limitación legal al incremento retributivo del personal al servicio de la administración respecto al importe percibido en la anualidad anterior". Para el magistrado no se justifica "motivadamente mediante la valoración y clasificación de los puestos de que se trata y sin que, como alega el ayuntamiento, sean consecuencia de la implantación de un nuevo régimen retributivo" porque "a la vista del expediente y de la prueba documental aportada a autos, no consta que se haya procedido a la previa valoración de los puestos".
El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha comentado que pese a que el fallo es contrario al acuerdo, el sindicato UGT no pedirá que se cumpla la sentencia según un acuerdo al que se llegó en la negociación de la reclasificación de los puestos de trabajo. Para Calvo, el perjudicado no sería el ayuntamiento sino los trabajadores que deberían devolver los incrementos salariales.
Acuerdo con el ayuntamiento
Este diario ha confirmado esta situación y la responsable de UGT en el Alto Palancia, Rai Carretero, ha admitido haber llegado a un acuerdo con el consistorio segorbino por el que el sindicato no pedirá la ejecución de la sentencia.
Carretero ha explicado que en la negociación de la reclasificación de los puestos de trabajo el alcalde les pidió, como también ha comentado Calvo, retirar la demanda pero "dijimos que debía tirar adelante" y adoptaron la opción de no hacer ejecutar la sentencia. Carretero mandó un correo electrónico a la alcaldía con su compromiso.
Pese al acuerdo, Carretero ha señalado al alcalde como responsable de esta situación "por no hacer las cosas bien" y ha asegurado que "tendrá que asumir las responsabilidades".
Para Carretero, Calvo debería haberse saltado la ley. Por otra parte, según ha podido saber Levante de Castelló algunos trabajadores afectados tienen intención de hacer ejecutar la sentencia.
Fuente: "Levante de Castellón"
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